jueves, 06 de mayo de 2021

>Pluralismo cultural


4.10.2009

De la Tutela Indígena a la Libre Determinación del Desarrollo, Participación, Consulta y Consentimiento


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INTRODUCCIÓN


Los derechos de decisión autónoma o libre determinación del desarrollo, participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado hacen parte de un corpus de derechos colectivos enmarcado en nuevos principios de relación entre los estados y los pueblos indígenas, los cuales rompen con la tradición tutelar anterior. Antes de este nuevo marco de derechos, los estados consideraban que los territorios donde habitaban pueblos originarios, y los pueblos mismos, estaban bajo su dominio y tutela y, por ende, bajo su sola decisión. De ahí las políticas de asimilación, integración forzosa e, incluso, de desaparición física y cultural que caracterizaron eras pasadas.
Este nuevo corpus de derechos indígenas ha quedado establecido, y es vinculante, a partir de la ratificación del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en 19893 y los cambios constitucionales desatados en la última década del s. XX en la región. El mismo se ha enriquecido y desarrollado además con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en setiembre 2007.4
En lo procesal, estos derechos obligan a los estados a no tomar decisiones que puedan afectar a los pueblos indígenas mientras tales no implementen procesos de diálogo, participación y consulta previa. En lo sustantivo, los estados quedan obligados a respetar las prioridades de desarrollo de los pueblos, sus formas de vida e integridad. En el caso de proyectos de desarrollo, en particular, están obligados a priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas de acuerdo a su propia visión de desarrollo.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU, los derechos de participación y consulta se aplican a todo tipo de campos en los que el Estado va a adoptar políticas, tomar medidas o implementar programas que puedan afectar a los pueblos originarios. Esto es, en elcampo económico, social, político, cultural, educativo, laboral, de salud, justicia, seguridad, etc. Ningún campo queda exento.
Ahora, si bien estos derechos deben aplicarse a todo tipo de materias en la relación entre estados y pueblos indígenas, el tema es particularmente álgido cuando se trata de la realización de actividades extractivas en territorios indígenas.
Hay dos asuntos centrales que se ponen en cuestión en torno al acceso a recursos naturales en territorios indígenas.
De un lado, las necesidades y demandas energéticas que provienen del modelo de desarrollo que asume el Estado o gobierno de turno en un contexto de mercado energético global; demandas que generan una presión por el acceso y explotación de recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas.
Y, de otro, el derecho de los pueblos indígenas a definir sus prioridades y modelo de desarrollo, el derecho a su territorio y, en última instancia, el derecho a su existencia e integridad física y cultural como pueblos; derechos que pueden verse afectados por las actividades extractivas.

Del derecho de los pueblos originarios de existir de una determinada manera es que se deriva la obligación del Estado de crear los espacios para que tales pueblos puedan participar en las políticas de desarrollo nacional o regional que les puedan afectar y de consultarles antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas concretas.
Estos derechos, consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración, tienen diferentes desarrollos en cada país, tanto en lo que toca a la adecuación normativa interna, la implementación institucional en las políticas públicas, la protección jurisdiccional, el ejercicio efectivo por los pueblos indígenas y el cambio en la cultura jurídica. Un balance general de los mismos en la región arroja lo que el Relator Especial para las libertades y derechos indígenas ha llamado “la brecha de implementación”.
El presente documento busca anotar algunos elementos del balance de implementación, pero fundamentalmente retos y recomendaciones para la aplicación efectiva de tales derechos. Este documento tiene un objetivo propositivo. Está orientado a facilitar herramientas para la comprensión y aplicación de los derechos referidos, tanto para agentes estatales, dirigentes indígenas como incluso empresas o terceros que hacen algún tipo de intervención en territorios indígenas.
Se organiza en cinco partes, las que responden a las siguientes preguntas:
¿A qué sujetos se aplican estos derechos? ¿Cuál es la fuente de los derechos indígenas?
¿Cuál es el fundamento de los derechos de participación, consulta y consentimiento?
¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas en la decisión de los asuntos que les afectan?
¿Cuál es el objeto de los derechos de participación, consulta y consentimiento?
¿Cómo deberían implementarse estos derechos para garantizar su objeto, considerando el balance buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la región?

(...Continúa en la descarga del doc PDF--->)

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Raquel Z. Yrigoyen Fajardo



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